Laburpena

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en su artículo 19, reafirma la no discriminación y el reconocimiento del derecho de todas las personas con discapacidad a vivir con plena inclusión y participar de forma independiente en la comunidad en igualdad de condiciones. Para garantizar este derecho, en cualquier caso, es necesario poner en marcha cambios en el nivel de las políticas públicas que incluyan una mayor inversión en la protección social de las personas con discapacidad.

Para lograr un nivel de vida adecuado y comparable al del conjunto de la ciudadanía, las personas con discapacidad suelen incurrir en gastos adicionales, lo que representa una desventaja significativa para el desarrollo de un proyecto de vida autónomo y en igualdad de condiciones. De hecho, tal como se señala en la Observación General Número 5 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para España1, los sistemas de apoyo y protección social actuales no resultan adecuados para garantizar una forma de vida independiente en la comunidad. Ante esta realidad, es importante que los poderes públicos velen por que los programas de protección social satisfagan las necesidades del conjunto de las personas con discapacidad y posibiliten, en último término, que puedan sufragar los gastos adicionales relacionados con la discapacidad.