La crisis de la vivienda en España se ha consolidado como uno de los principales motores de desigualdad, resultado de una década de fuerte aumento de precios que afecta ya a cerca de la mitad de la población y limita el acceso a derechos básicos, ya que el coste del alquiler y la compra absorbe los ingresos, reduce la capacidad de ahorro y sitúa especialmente a las personas inquilinas —jóvenes, migrantes y hogares vulnerables— en una “trampa del alquiler” que perpetúa la precariedad y dificulta el acceso a la propiedad. Esta situación genera inestabilidad residencial, renuncias vitales y un aumento de la desigualdad patrimonial entre quienes tienen vivienda y quienes no, en un contexto marcado por la financiarización del mercado, la escasez de vivienda asequible y la insuficiente respuesta pública, lo que exige medidas estructurales que prioricen la vivienda como derecho —mediante la protección y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados, la protección de las personas inquilinas, el control de la especulación y la ampliación del parque público— para garantizar un acceso digno y equitativo.

Conde, J.I., Inmigración, envejecimiento y dividendo demográfico: el caso de España en perspectiva. Serie: Estudios sobre la Economía Española n. 2026/05, Madrid, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 2026, 28 p.

Este artículo cuantifica el papel de la inmigración en el crecimiento del ingreso por habitante en España desde 2000 y ofrece una primera aproximación prospectiva con proyecciones oficiales.Se combina (i) una descomposición contable del ingreso per cápita en productividad laboral, tasa de empleo y proporción de población en edad de trabajar; (ii) un contrafactual “sin inmigración” que elimina la aportación migratoria a población total, población en edad laboral y empleo manteniendo constante la productividad; y (iii) escenarios futuros con y sin entradas migratorias a partir de las proyecciones del INE. Se halla que, entre 2000 y 2019, la inmigración mitigó alrededor del 60 % del deterioro del dividendo demográfico; su efecto neto sobre la tasa de empleo fue prácticamente neutral en el largo periodo, pero claramente positivo en 2020–2024 (+0,22 puntos porcentuales anuales). Mirando al futuro, las entradas previstas amortiguan de forma creciente el lastre demográfico: la contribución adicional del canal demográfico asciende a 0,23 puntos porcentuales anuales en 2024–2030 y 2031–2040, y a 0,49 puntos en 2041–2050.